El tramo de la discordia. A la izquierda Aguamarina, a la derecha aparcamiento de Cabo Roig con el que se va a conectar.El tramo de la discordia. A la izquierda Aguamarina, a la derecha aparcamiento de Cabo Roig con el que se va a conectar.

Los 52 propietarios de la Urbanización Bellavista que decidieron cerrar el paso de la costa al común de los vecinos para iniciar un largo pleito que ha durado 12 años debieron hacer caso de un chascarrillo muy usado en el mundo judicial: se sabe como se entra en un juicio, pero no como se sale.

Tras 12 años abriendo y cerrando un paso publico al vaivén de contradictorias sentencias judiciales, los ambiciosos propietarios de Bellavista han obtenido solo 26.180 euros de los tres millones que llegaron a pedir, tras renunciar a los 70.000 euros que ofrecía el ayuntamiento para recuperar el dominio publico costero.

Con todas las instancias jurídicas agotadas, el Jurado Provincial de Expropiación ha fijado el precio en esta razonable cantidad. El ayuntamiento está obligado a abonar esta cantidad a los propietarios de Bellavista para recuperar el paso cerrado desde 2021. Un bloqueo que ha obligado durante estos últimos tres años a andar dos kilómetros para sortear el paso de poco más de 60 metros que comunica el paseo de Aguamarina con Cabo Roig.

La valla de la discordia
La valla de discordia

El ayuntamiento promete abrir el paso antes de verano, pero los vecinos no se lo creen

Solo resta que la tesoreria municipal abone esta cantidad y proceda al derribo del muro que los vecinos levantaron de un dia para otro amparados en sentencias de instancias judiciales no definitivas para habilitar el paseo definitivamente.

Si bien el proceso podría cerrarse antes de este verano, lo cierto es que los vecinos de la zona prefieren esperar con un sabio “hasta que no le vea, no me lo creo”, tan lógico como prudente a la vista de las sorpresas que lleva dando el caso desde hace 12 años y la lenta respuesta administrativa que demuestra el ayuntamiento.

Historia de otro despropósito urbanístico en Orihuela Costa: ¿ quien paga la negligencia?

Tras el ultimo y definitivo episodio judicial que viene a restituir la legalidad, a pesar de la considerable rebaja de la indemnización sobre las cantidades reclamadas o previstas , conviene hacerse la siguiente pregunta: ¿ algún responsable de la “cagada” urbanística municipal será condenado a pagar lo que todos los residentes en Orihuela tenemos que abonar ?.

La razón de como una urbanización privada pudo ocupar una zona de dominio publico queda en el histórico de los muchos despropósitos urbanísticos de la Costa:

En 1.990 el ayuntamiento no expropió el tramo publico que daba continuidad al paseo de todo el frente litoral. En el año 2013, los vecinos se consideraron con derecho a ocupar cerrando el sendero junto al acantilado que lindaba con sus jardines.

De inmediato, el entonces gobierno socialista municipal inicio un expediente publico para restablecer la legalidad urbanística, es decir, el paso publico. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio la razón al ayuntamiento por lo que operarios municipales rompieron la puerta y el muro abriendo el sendero.

Esta actuación fue recurrida por los 52 propietarios que en el 2016 consiguieron que un juzgado de Elche les diera la razón en base a la defectuosa actuación técnica del ayuntamiento. El ayuntamiento fue condenado a devolver el terreno a la urbanización. La sentencia, de forma inexplicable, no fue recurrida por el entonces ayuntamiento del PP.

Costas determina que el terreno es servidumbre publica y el sendero debe estar abierto

En el 2017, Costas determino que el terreno, alrededor de 150 metros cuadrados, estaba afectado por una servidumbre de paso y que , por lo tanto, los 52 vecinos del residencial no lo podían cerrar dejando el paso libre.

A pesar de ello, en el año 2018 otro auto comarcal ordenó la restitución del muro demolido. Si recurrió entonces el ayuntamiento, recurso que desestimo el TSJ, que en el año 2020 dictamino que el muro se había construido por los vecinos de forma legal condenando al consistorio a ejecutar la sentencia de 2016. El paso se cerró por ultima vez en el año 2021.

No obstante, el auto dejo la puerta abierta al determinar que el terreno era expropiable y de dominio publico por lo que el ayuntamiento se vio obligado a legalizar la situación. Este es el procedimiento que ahora cierra una negligencia urbanística inexplicable por parte del ayuntamiento de Orihuela.

End to another urbanistic nonsense in Orihuela Costa: 26,180 euros to open the passage from Aguamarina to Cabo Roig

The 52 owners of the Urbanisation Bellavista who decided to close the coastal path to the common neighbours in order to initiate a long lawsuit that has lasted 12 years should have heeded a joke often used in the judicial world: you know how to get into a trial, but not how to get out of one.

After all these years of opening and closing a public passageway to the back and forth of contradictory court rulings, the ambitious owners of Bellavista have obtained only 26,180 euros of the three million euros they asked for after renouncing the 70,000 euros offered by the town hall to recover the coastal public domain.

With all legal remedies exhausted, the Provincial Expropriation Jury has set the price at this reasonable amount. The town hall is obliged to pay this amount to the owners of Bellavista to recover a passageway that has been closed since 2021. A blockage that has forced during the last three years to walk two kilometres to get around the passage of just over 60 metres that connects the Aguamarina promenade with Cabo Roig.

The town hall promises to open the passage before the summer, but the residents do not believe it

All that remains is for the municipal treasury to pay this amount and proceed to demolish the wall that the residents erected from one day to the next under the protection of non-final court rulings to enable the promenade to be opened definitively.

Although the process could be closed before this summer, the truth is that the residents of the area prefer to wait with a wise ‘until I see him, I don’t believe it’, as logical as it is prudent in view of the surprises that the case has been giving for 12 years and the slow administrative response shown by the council.

History of another urban planning blunder in Orihuela Costa: who pays for the negligence?

After the latest and definitive judicial episode which has restored legality, despite the considerable reduction in compensation over the amounts claimed or expected, it is worth asking the following question: will anyone responsible for the municipal urban planning ‘cagada’ be condemned to pay what all Orihuela residents have to pay?.

The reason why a private urbanisation could occupy an area of public domain remains in the history of the many urban planning blunders of the coast:

In 1990 the town council did not expropriate the public section that gave continuity to the promenade along the entire coastline. In 2013, the neighbours considered themselves entitled to occupy it by closing the path next to the cliff that bordered their gardens.

Immediately, the then municipal socialist government initiated public proceedings to re-establish the urban planning legality, i.e. the public walkway. The High Court of Justice (TSJ) ruled in favour of the municipality and municipal workers broke the gate and the wall, opening the path.

This action was appealed by the 52 owners who, in 2016, won a court in Elche which found in their favour on the grounds of the council’s technical fault. The council was ordered to return the land to the urbanisation. The sentence, inexplicably, was not appealed by the then PP council.

In 2017, Costas determined that the land, around 150 square metres, was affected by a right of way and that, therefore, the 52 neighbours of the residential complex could not close it, leaving the way free.

Despite this, in 2018, another regional order ordered the reinstatement of the demolished wall. The council appealed, but the appeal was rejected by the TSJ, which in 2020 ruled that the wall had been built by the residents in a legal manner, condemning the council to execute the 2016 ruling. The passage was closed for the last time in 2021.

However, the ruling left the door open by determining that the land was expropriable and in the public domain, so the council was forced to legalise the situation. This is the procedure which now closes an inexplicable urbanistic negligence on the part of the Orihuela Town Hall.

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